La irresponsabilidad consentida

Por Carlos Javier Delgado León.

Existe una premisa fundamental que hace al Derecho Privado: “el contrato es ley para las partes”. Presumo que serán muy pocas -por no utilizar un juicio absoluto- las legislaciones civiles que en el mundo no contengan este enunciado jurídico.

A qué voy con esto. Hace apenas un par de días Google presentó públicamente su nuevo navegador Google Chrome (el cual aún se encuentra en versión beta); pero ni bien estuvo a disposición de los internautas, empezaron a escucharse las primeras voces de protesta. Si bien ha habido quienes se han referido a las condiciones técnicas del navegador, la mayor cantidad de quejas han sido en relación con su licencia de uso.

Resulta que la licencia de Google Chrome incluía en su sección 11 las siguientes disposiciones:

“11.1 (el usuario) Conservará los derechos de autor y cualquier otro derecho que ya posea del Contenido que envíe, publique o muestre en los Servicios o a través de ellos. Al enviar, publicar o mostrar Contenido, estará concediendo a Google una licencia permanente, internacional, irrevocable, no exclusiva y que no está sujeta a derechos de autor para reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, representar y mostrar públicamente, así como para distribuir cualquier Contenido que envíe, publique o muestre en los Servicios o a través de ellos (negrilla fuera del texto). Esta licencia se otorga con el único propósito de permitir a Google publicar, distribuir y promocionar los Servicios y puede revocarse para determinados Servicios, según lo estipulado en las Condiciones adicionales asociadas.

“11.2 Acepta que esta licencia concede a Google el derecho de distribuir el Contenido a otras empresas, organizaciones o personas con las que Google mantiene una relación con el fin de ofrecer servicios sindicados y de utilizar dicho Contenido en relación con la prestación de los Servicios.

“11.3 Por otra parte, usted es consciente de que, al llevar a cabo los pasos técnicos requeridos para ofrecer los Servicios a nuestros usuarios, Google podrá (a) transmitir o distribuir el Contenido a través de diversas redes públicas y distintos medios; y (b) aplicar los cambios necesarios al Contenido a fin de adaptarlo a los requisitos técnicos que exigen las redes, los dispositivos, los servicios o los medios de conexión pertinentes. Acepta que, por la presente licencia, se le concede a Google el derecho de llevar a cabo estas acciones.

“11.4 Confirma y garantiza a Google que posee todos los derechos, poderes y autoridad necesarios para conceder la licencia anteriormente mencionada.”

Este (aunque confuso) aparte de la licencia de Chrome, permitió a muchos concluir que Google se avocaba el derecho (libre y voluntariamente conferido por nosotros) de distribuir entre sus empresas auspiciantes, información sobre las búsquedas que hiciéramos a través de su navegador.

Ante el creciente malestar manifestado por usuariado perspicaz (“eagle-eye users” según Google) y bloggers, la empresa decidió modificar el contenido de la sección 11, dejando vigente tan sólo su primera parte:

“11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services.”

Si bien parece que este problema en particular ha sido resuelto, no deja de llamarme la atención el hecho de que la licencia de Chrome, incluyendo la polémica sección 11, fuera redactada con base en los “términos universales” de los servicios de Google, tal y como lo afirmara Mike Yang, Consejero Senior de la empresa, en su blog oficial. Es decir, según esto, todo el usuariado de Google en el mundo le hemos otorgado el derecho de “reproducir, adaptar, modificar, traducir, publicar, representar y mostrar públicamente” la información y los contenidos personales que podamos incluir o transmitir a través de servicios como Gmail, Picasa, Blogger y -por supuesto- su famoso buscador. Esto es lo mismo que afirmar que le hemos concedido a esta empresa la facultad de atentar abiertamente contra derechos tan fundamentales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la intimidad.

El caso de Google y sus licencias de uso, es un claro ejemplo de las muchas veces que por omisión, ignorancia o incluso de manera voluntaria, consentimos prácticas socialmente irresponsables por parte de algunas empresas; pero también lo es (o al menos lo ocurrido a propósito de Chrome) de que cuando quienes usamos y consumimos nos involucramos activamente haciendo uso de nuestro derecho de injerencia -propio de la dinámica de la Responsabilidad Social Empresarial-, podemos ser motores de cambios que redunden en beneficio personal y del colectivo social: ante los generalizados comentarios de preocupación, Google no tuvo más remedio que dar un paso atrás y eliminar la parte de la sección 11 que atentaba contra nuestra privacidad.

Lamentablemente, como se pudo notar, esto es tan sólo una parte del gran problema, pues los términos universales de uso de Google se mantienen vigentes para sus demás servicios. El quid del asunto radica en si seguiremos o no consintiendo esta irresponsabilidad, en especial, cuando las circunstancias o incluso la necesidad, muchas veces nos lleven a simplemente ignorarlo, ¿Podremos ser lo suficientemente responsables como para exigir que empresas como esta también lo sean? Algo es seguro, la respuesta no la encontremos “buscando” en Google.

* * * * *

Notas:
Agradezco especialmente a mi amiga Loredana Rada, candidata al título de Master en Sistemas y Servicios en la Sociedad de la Información (Derecho de Nuevas Tecnologías y Comunicaciones), de la Universitat de Valencia, por la información y la ayuda suministrada para realizar este post.
Foto 1, licenciada bajo Creative Commons, tomada de Flickr.com. Autor: Mark Knol.
Foto 2, diseño derivado de una imagen licenciada bajo Creative Commons, tomada de Flickr.com. Autor de la foto original: Missha. Siga leyendo >>>

Colombia suscribe la DUBA

Por Carlos Javier Delgado León.

Recientemene el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, informó a través de su página web la suscripción de la DUBA por parte del Gobierno Colombiano, convirtiéndose con ello Colombia como el primer Estado que en Suramérica se adhiere oficialmente a la declaración.

Como lo indica su preámbulo, la Declaración Universal para el Bienestar de los Animales "fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977", siendo proclamada un año después. "Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)".

Según palabras de la Señora Viceministra Claudia Mora Pineda, la firma de la DUBA deja en evidencia el compromiso del Estado con la preservación de los recursos naturales y de las especies animales: "con esta firma, nosotros honramos ese compromiso y por supuesto, nos fijamos unas nuevas metas hacia futuro, con un trabajo conjunto a través de diseños de normativas, actividades de promoción y concientización".

Si bien la DUBA no tiene carácter vinculante, su reconocimiento formal aporta el concepto de "bienestar animal" como principio orientador y de intepretación de las políticas públicas y privadas de protección ambiental, además de promover el trabajo en conjunto entre las instituciones públicas y la sociedad civil como un medio eficiente y eficaz para alcanzar sus objetivos. Esperemos que así sea.

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Notas:

Ver la noticia en la página web del MinAmbiente.

Ver el texto de la DUBA.

Foto licenciada bajo Creative Commons, tomada de Flickr.com. Autor: Lordelo.

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The Story of Stuff

Extracción, producción, distribución, consumo y descarte, las cinco etapas que forman parte de la llamada economía de materiales. En "The story of the Stuff" (El Origen de las Cosas, como se le ha llamado en español), Annie Leonard nos devela la realidad disfrazada que yace tras este sistema.

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Metáforas empresariales: justicia en equipo y respeto al usuariado

Por Carlos Javier Delgado León.

Como lo registra el Banco Mundial, en los años recientes los países Latinoamericanos tuvieron que enfrentarse a un aumento considerable en la demanda de servicios judiciales. No obstante, al no contar con un modelo de administración funcional, la congestión del sistema judicial aumentó progresivamente, lo mismo que la demora en la resolución de los conflictos. La consecuencia: una percepción de ineficiencia de la comunidad hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

Ante una situación a la que era necesario poner coto, en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, ente encargado de las funciones administrativas de la rama judicial del poder público, contando con el apoyo logístico y financiero del Banco Mundial, puso en marcha el proyecto "Justicia en equipo: más allá del conflicto".

Uno de los elementos prioritarios de este proyecto es la formación del funcionariado judicial en aspectos básicos y esenciales de atención al usuariado, buscando promover con ello un "nuevo modelo de gestión de servicios de justicia para lograr una atención más humana y oportuna hacia los ciudadanos", fundado en valores como "sinergia, solidaridad, eficacia, eficiencia y transparencia".

Según informes del Banco Mundial, los resultados obtenidos hasta ahora han sido considerablemente favorables: en Colombia, para el año 2001, en los despachos judiciales reposaban más de 393.000 proceso atrasados conforme a los términos que la ley establece para cada uno de ellos, siendo su porcentaje de resolución tan sólo del 15%. Sin embargo, luego de la puesta en marcha de este y otros proyectos, la tasa de procesos llevados a buen fin aumentó en un 120%, mientras que el número de expedientes retrasados descenció a 73.849.

Aun cuando restan cosas por hacer, es bueno saber que los primeros pasos para cambiar el erróneo paradigma que guiaba la administración de justicia en Colombia se están dando. Que el personal que labora en la rama judicial comprenda que quienes ejercen su derecho a acceder a la justicia son personas antes que expedientes, tanto como que dimensionen el importantísimo papel que desempeñan dentro de la dinámica social colombiana, asimilándolo en favor de todas y todos, es fundamental para el objetivo de alcanzar una sociedad verdaderamente democrática y desarrollada.

* * * * *

Notas:
Imágenes usadas libres de derechos, tomadas de es.inmagine.com

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Moralejas jurídicas: cuando el prejuicio llama a la puerta

Por Carlos Javier Delgado. Hace unos días, luego de leer el más reciente post publicado por José Purizaca en la edición peruana de Blog Responsable, vino a mi mente el recuerdo de Paul Potts.

En el año 2007, mientras se llevaban a cabo las audiciones para la primera edición de Britain’s Got Talent, se presentó ante un jurado encabezado por el célebre productor musical, Simon Cowell, un hombre de mediana edad, ojos pequeños, dentadura descompuesta y una inocultable sensación de temor, quien dedicado a la venta de teléfonos móviles, dijo haberse presentado a la audición para cantar ópera.

Las reacciones a tal afirmación por parte de Paul fueron diversas, pero todas (o al menos las que pudieron verse en cámara) aparentaron estar guiadas por una misma idea: incredulidad.

“Nessun dorma… nessum dorma…”, comenzó Paul, mientras en todo el auditorio se hizo un silencio absoluto que duró lo que una sonora y sentida ovación se hizo esperar. Los que fueran rostros cargados de burla mudaron su gesto por trémulas sonrisas y manifiestos signos de conmoción: como escribiera Kant, lo sublime conmueve, y la voz de Paul, es simplemente sublime.



Se preguntarán por qué la relación. Pues porque tanto el post, como la historia de Paul, tienen algo en común: el prejuicio.

Según el Profesor Alejandro Llano, vivimos en un mundo donde el concepto de verdad ha sido remplazado por el de certeza*. Siendo lo cierto, aquello que también llamamos objetivo: en términos socráticos, todo cuanto es asumido bajo un juicio común por una mayoría.

Tal vez sea esta forma de comprender la realidad, el origen de nuestra propensión a elaborar juicios a priori, como aquellos en los que la apariencia física de una persona, o la universidad de la cual ha egresado, son factores suficientes para determinar, medir y vaticinar, aspectos tan particulares como su talento, su intelecto o su rendimiento laboral.

* * * * *

El prejuicio y la Empresa. Al hablar del prejuicio nos referimos a una práctica tan común, que por serlo, inevitablemente toca a las instituciones sociales básicas: familia, escuela y, claro está, empresa. En esta última, el prejuicio no sólo tiene cabida a instancias de una selección laboral, tal y como ocurre en el ejemplo del post de José, sino que incluso puede ocurrir (como muchas veces ocurre) de manera recíproca entre ella y sus múltiples stakeholders: desde aquella se minimiza el papel que en la dinámica del desarrollo o en la solución de problemas comunes pueden jugar las comunidades - la sociedad está acostumbrada a calificar al empresariado de egoísta y carente de sentido social (para citar tan sólo dos posibles ejemplos).

En ese sentido, pienso que el Derecho tiene algo muy especial que compartir con la empresa, y es justamente su rechazo a tolerar conductas prejuiciosas; al fin y al cabo, según la lógica jurídica: nadie es, hasta que se lo compruebe.

* * * * *

Notas:
*En "El carácter relacional de los valores cívicos", 2004.
Imágen 1 licenciada bajo creative commons, tomada de flickr.com. Autor: Sunrise.seven
Imagen 2 libre de derechos, tomada de es.inmagine.com

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Entretenimiento Socialmente Responsable

Por Carlos Javier Delgado. Se dice que el circo tuvo su origen en la Roma precristiana.

Circus fue la denominación dada por Roma al lugar donde originariamente se llevaban a cabo carreras a caballo, luchas simuladas entre guerreros y otras competencias atléticas. Sin embargo, el temperamento morboso de nuestros ancestros latinos demandaba más; fue entonces cuando hicieron su aparición en la arena del circo los gladiadores y los animales salvajes. Aquellos luchaban entre sí, mientras que estos eran muchas veces encerrados en jaulas a las que se les prendía fuego, o acribillados bajo una lluvia de flechas (cuando no se les encomendaba el oficio de enfrentarse a un gladiador, o de devorar, siglos mediante, algún cristiano).

La presencia de animales salvajes y silvestres trascendió el tiempo y fue asumida por el formato de circo que desde el siglo XVIII conocemos. Podría decirse incluso que caballos, elefantes, leones, tigres, canguros, jirafas, focas y hasta delfines, forman parte de ese imaginario colectivo que actualmente representa al circo.

Recientemente recibí en mi cuenta de correo electrónico un video que más adelante habré de compartir con Ustedes. Se trataba de una grabación del informe presentado en el programa “Travesía”, emitido por Canal 13 de Colombia, sobre el maltrato del que eran víctimas los animales del circo Hermanos Gasca (México), durante su estadía en la ciudad de Medellín. Según lo indica el propio informe, las imágenes fueron tomadas con una cámara oculta por un presunto miembro de la fundación ADI.

El video que fuera grabado por un televidente, fue subido posteriormente a la red donde se distribuyó “como pan caliente” a través de Youtube y Facebook.

Sin embargo, poco tiempo después, el presentador de “Travesía” declaró públicamente en su programa haber sido contactado por un miembro de la organización Hermanos Gasca, quien lo invitó a conocer personalmente las instalaciones de su circo. Manifestó también que luego de su visita pudo comprobar por sí mismo que las imágenes que le fueron entregadas no pertenecían en su totalidad al circo de los Hermanos Gasca, y que simplemente él y los productores del programa fueron víctimas de un engaño doloso por parte de quien fuera su fuente.

De todas maneras, más allá de la situación particular de este famoso circo mexicano, el informe original contiene una serie de imágenes que no dejan de llamar la atención sobre la responsabilidad social con que el empresariado circense puede estar asumiendo la actividad empresarial que desarrolla, especialmente en lo que tiene que ver con el trato brindado a los animales que participan en sus espectáculos.

¿Qué dice al respecto la ley en Colombia?

En el año 2002, el acuerdo número 58 emitido por el Concejo distrital de Bogotá fue expedido con la intención de prohibir la presentación de animales silvestres y mamíferos marinos en los circos o espectáculos públicos, así como el otorgamiento de licencias o permisos para tales espectáculos por parte de los alcaldes locales de la ciudad.

Dicho acuerdo, que sentaba un importante antecedente en la materia, fue posteriormente acusado de nulidad y en consecuencia demandado por el Sindicato Nacional de Artistas Circenses y Variedades de Colombia – SINARCIRCOL.

Dos años después de promulgado el acuerdo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló declarando la nulidad de la norma. Sin embargo, el fundamento de su juicio no coincidió con los argumentos esgrimidos originariamente por la parte demandante.

Para el Tribunal, el acuerdo distrital 58 de 2002 iba en contravía de la regla superior instaurada en el artículo 84 de la Constitución Política Colombiana: "Cuando un derecho o actividad hayan sido reglamentadas de manera general, las autoridades públicas no podrán exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".

Ocurre que para el caso, tanto la ley 23 de 1973, como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (ley 84 de 1989), reglamentan y autorizan la presentación de fauna silvestre en los circos, razón por la cual el Tribunal estimó que el acuerdo 58 de 2002 establecía una indebida “reglamentación policiva restrictiva de la libertad en materia de uso de medios para el oficio de naturaleza laboral y comercial – recreativo circense”.

No obstante, es preciso indicar que la ley 84 de 1989, instituye como contravención el maltrato y la crueldad contra los animales, sancionado con arresto o multa a quienes incurran en las prácticas descritas y reseñadas en ella. Sin embargo, se trata de un procedimiento no inquisitivo, que depende directamente de que existan quienes más allá del temor, de la ignorancia, de la indiferencia o de la pereza, se atrevan a denunciar estas prácticas.

Si bien la vida jurídica del acuerdo 58 del año 2002 del Concejo distrital de Bogotá fue breve, deja constancia de que existen instituciones gubernamentales que, en algunas materias, se preocupan por ir de la mano con nuestro tiempo. Un tiempo de cambio donde los paradigmas están transformándose, donde las empresas están empezando a asumir que la responsabilidad social es un valor que debe orientar todas y cada una de sus decisiones y acciones. Una realidad a la cual las empresas culturales no pueden ni deben ser ajenas, y donde el derecho a la injerencia social debe cobrar cada vez mayor valor.

Estoy convencido que los espectáculos circenses con animales están condenados a desaparecer, no en vano los mejores circos del mundo carecen de ellos. Adaptándose a la realidad de los tiempos que corren, el circo seguirá cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado: brindarnos… ¡alegría!

* * * * *

Notas:
1. Segundo video del programa Travesía, donde presentan excusas por las imágenes emitidas en el video anterior. Click aquí.
2. Texto del acuerdo distrital 58 del año 2002 del Concejo de Bogotá.
3. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la nulidad del acuerdo distrital 58 de 2002.
4. Texto de la ley 84 de 1989.
5. Imágenes libres de derechos tomadas de es.inmagine.com. Siga leyendo >>>

Una Empresa Socialmente Responsable

Por Carlos Javier Delgado. Así como demandamos un mayor compromiso por parte del empresariado Colombiano para con el desarrollo y el crecimiento de nuestra sociedad a través del uso de prácticas socialmente responsables, es menester igualmente hacer público reconocimiento a quienes ya lo vienen haciendo.

Ese es el caso de ALKOSTO, "una cadena de almacenes tipo bodega" que, según informó recientemente el Centro de Noticias de la ONU, colabora con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la ejecución de un programa de prevención contra la trata de personas.

La contribución de esta empresa consiste en la donación de equipo audiovisual de última tecnología que empezará a ser utilizado en las oficinas de expedición de pasaportes, así como en las instalaciones de otras instituciones gubernamentales, para presentar a las casi 600 personas que a diario acuden a ellas, material de información y sensibilización sobre esta terrible y deshumanizante práctica.

Quepa citar también que esta no es la única práctica socialmente responsable adelantada por esta empresa, pues de tiempo atrás viene trabajando con BEST BUDDIES en proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad cognitiva.

¡Bien por ALKOSTO!

Imagen libre de derechos tomada de es.inmagine.com

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Entra en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Por Carlos Javier Delgado. Conforme a la regla dispuesta en el numeral primero de su artículo 45, el pasado tres de mayo entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un mes después de que fuera Ecuador el vigésimo Estado en ratificar su contenido.

Según reza su artículo primero, el propósito de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

En palabras de Claude Heller, Embajador y representante permanente de México ante la ONU (Estado que fuera uno de los principales promotores de la Convención), el valor de este nuevo instrumento jurídico internacional se encuentra no sólo en su búsqueda por promover un cambio en las legislaciones nacionales, sino además, en la mentalidad de quienes aun no reconocen a las “personas con discapacidad como personas que deben ser preparadas y que pueden estar dispuestas a integrarse plenamente a la vida económica, social y cultural de su propio país”.

La Convención, compuesta por cincuenta artículos, expone el conjunto de derechos especiales que la ONU reconoce en favor de la población discapacitada mundial, así como las obligaciones que en consecuencia asumen los Estados que la ratifiquen o que a ella se adhieran, para desarrollarlos, protegerlos, alcanzar su efectividad y hacerlos respetar.

Allende a lo anterior, es preciso indicar que toda la Convención está fundada a partir de una serie de principios orientadores, los cuales se encuentran expuestos en su artículo tercero y que son:

“a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

“b) La no discriminación;

“c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

“d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

“e) La igualdad de oportunidades;

“f) La accesibilidad;

“g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

“h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.”

Según el Departamento de Información Pública de la ONU, hasta el momento son 25 los Estados que han ratificado la Convención y su protocolo facultativo, así como 125 los que han suscrito este instrumento de naturaleza integradora donde coligen lo físico, lo jurídico y lo cultural, y que pretende instalarse como el paradigma del reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos de las personas con discapacidad, empezando por el propio derecho a ser reconocidas como personas dignas y sujetos de derecho.

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Notas:

Texto en formato .pdf de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de su Protocolo Adicional, aquí.

Para más información sobre la Convención, se puede visitar su sitio web.Imagen libre de derechos tomada de es.inmagine.com

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¿Legislar o no Legislar?: el caso Colombiano

Por Carlos Javier Delgado. El auge de la Responsabilidad Social como aporte de las Empresas al desarrollo sostenible de las sociedades ha dado tema para todo, y uno de los principales debates que ha tenido origen en rededor suyo tiene que ver con la conveniencia o no de reglamentarla normativamente. Más allá de los argumentos a favor y en contra que han llegado a exponerse, lo cierto es que pareciera haber una tendencia a que cada vez sean más los Estados y entidades territoriales con autonomía legislativa interesadas en promover la expedición de normas relacionadas en más o en menos con este fenómeno empresarial y social.

Este es justamente el caso de Colombia, cuyo Congreso de la República tramita actualmente la expedición de una ley “por la cual se definen normas sobre la Responsabilidad Social y Medioambiental de las Empresas”.

Según lo enuncia en su tentativo artículo primero, la expedición de esta ley tiene por objeto la promoción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes y programas que incentiven en el empresariado la consecución de objetivos sociales y ambientales responsables. Obligación esta última que recaería en cabeza del Consejo de Responsabilidad Social Empresarial (CRSE).

No obstante, es preciso aclarar que dicha entidad no existe actualmente en Colombia, y si bien el proyecto de ley prevé en su artículo séptimo otorgarle al Presidente de la República la facultad potestativa de expedir un reglamento para la puesta en marcha de este consejo, no lo faculta para crearlo, a no ser que quienes han promovido la iniciativa entiendan para sí, que dicha potestad se tiene como tácitamente otorgada, lo cual a todas luces es más que inconveniente (por no decir más).

Sobre la membresía del CRSE, el proyecto de ley indica que este habría de estar compuesto por representantes de algunos Ministerios (Comercio, Ambiente y Protección Social), del Departamento Nacional de Planeación, de los gremios empresariales de la industria y la producción, de las Universidades, y de la Oficina de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, así como por el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Superintendencias de Sociedades, de Industria y de Finanzas, y la presidencia de la Confederación Colombiana de Consumidores.

Al respecto, es lamentable como la iniciativa legal limita la participación de la sociedad en el CRSE, restringiéndose a concebirla como sujeto pasivo de la norma, o como un simple actor de consumo, y en consecuencia legislando como si ciertos aspectos del desarrollo sostenible de una comunidad fueran competencia exclusiva del Estado; ¿Dónde quedaron la representación de la clase trabajadora? ¿dónde la representación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan de la mano del empresariado y que juegan un papel fundamental en la promoción y ejecución de prácticas socialmente responsables?

Por otra parte, el proyecto de ley contempla así mismo establecer como una nueva obligación para las medianas y grandes empresas, al igual que para las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, la preparación y publicación de lo que pudieran llamarse informes anuales de gestión de Responsabilidad Social; cuyo contenido habrá de versar sobre información relacionada con:

a. Cualquier impacto significativo de índole medio ambiental, social, económico o financiero de sus actividades durante el año que termina.

b. La valoración de los impactos significativos en materia medioambiental, social, económica y financiera de cualquier actividad que tenga programada para el año inmediatamente siguiente.

c. Las políticas de empleo y las prácticas laborales particulares de la empresa, en lo que debe incluirse una medición de sus efectos y la participación de las personas trabajadoras, entre otras, y

d. Las políticas, planes, programas, proyectos y operaciones adelantados por la empresa para cumplir la Responsabilidad Social Empresarial.

Sobre el particular, a diferencia de lo dispuesto en la ley 2594 (sobre balances de Responsabilidad Social y Ambiental) de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el proyecto colombiano está paradójicamente lleno de vacíos. Razón ésta por la que sólo haciendo un ejercicio de presunción, más que de análisis sistemático (su pésima redacción no permite tanto), se puede concluir que la entidad que habría de estar encargada de su recepción, revisión, publicación y fiscalización no sería otra diferente que el CRSE (claro está, de llegar a existir).

No son pocos los juicios que se pueden emitir luego de tratar de entender el contenido del proyecto de ley, y entre ellos el que más me causa impresión, es aquel que me obliga a aceptar que, dada la carente técnica legislativa con que fuera redactado y presentado al Congreso de la República, se trata de una iniciativa inconveniente, ineficiente, ineficaz y repleta de disposiciones cojas y hasta sin sentido. Aun no es del todo claro si su cumplimiento por parte de las empresas será obligatorio o meramente voluntario, como no es claro a quien compete la obligación de crear el CRSE o qué pasaría con su ejecución si dicha entidad no se llegara a constituir. En ese orden de ideas, es mucho más lo que quita que lo que aporta al objetivo de incluir a la Responsabilidad Social de las Empresas como parte las realidades económica, social, ambiental y jurídica colombianas. Pero bueno, como muchas cosas en mi país… amanecerá y veremos.

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Notas:

1. Proyecto de ley 31 de 2007 (texto original)
2. Texto del proyecto de ley 31 de 2007, aprobado en primer debate por la Comisión Quinta Constitucional del Senado de la República.
Imágen del Congreso de la República de Colombia, tomada de flickr.com, licenciada bajo Creative Commons. Autor: Miguelmatus

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Empresas Familiarmente Responsables

Por Carlos Javier Delgado. Desperté hoy teniendo entre mis prioridades escribir mi siguiente post para Blog Responsable, sólo que aun no tenía suficientemente claro el tema sobre el cual habría de tratar. Tenía varias ideas rondándome la cabeza pero nada concreto, sólo sabía que muy seguramente iba a tener que ver sobre cuestiones laborales dentro del marco de la Resposabilidad Social Corporativa.

Llego a mi oficina y para mi sorpresa me encuentro con el siguiente título en la tapa de una revista: “Ser feliz en el trabajo ¿es una utopía?". Sin demora me dispuse a leer el artículo al cual aludía, tras lo que terminé dándome con una sorpresa todavía mayor: ¡trataba sobre la Responsabilidad Familiar de las Empresas!

Si bien los juicios que encierra la expresión son algo que ha venido cautivando mi interés de tiempo atrás, el término como tal era completamente nuevo para mi, razón por la cual acudí inmediatamente a Internet para informarme más al respecto. Tan interesante me pareció la información que encontré, que no hallé objeción en que fuera justamente la RFE el tema sobre el cual habría de versar este post, cuyo objetivo no será otro que tratar de describir sucintamente algunos de los conceptos más relevantes que encontré en la web al respecto.

I. El concepto: para el IESE (Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra), centro de estudios al que se endilga el origen de la expresión Responsabilidad Familiar de las Empresas, una empresa es familiarmente responsable cuando promueve y permite que sus trabajadores puedan conciliar de manera satisfactoria y equilibrada la relación entre sus trabajos y sus familias.

Por su parte, otras instituciones como la fundación + Familia y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, consideran que el alcance conceptual de la RFE va más allá, razón por la cual la primera de ellas la concibe como “un movimiento internacional que formando parte de la RSE (o RSC), se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en la igualdad de oportunidades y a la inclusión de los más desfavorecidos”.

No obstante, uno y otro concepto están encaminados hacia un fin común, cual es reivindicar el valor que las familias de los trabajadores representan dentro de la dinámica de la Responsabilidad Social, como stakeholders de las organizaciones empresariales.

II. La conciliación trabajo – familia: se trata sin duda del elemento esencial que hace a la Responsabilidad Familiar de la Empresa. En su trabajo “Why become a family - responsible employer?”, Nuria Chinchilla y Elizabeth Torres explican con suficiencia como en las dos décadas más recientes de nuestra historia han ocurrido cambios sociodemográficos que han variado ostensiblemente el concepto y la dinámica tradicional de la familia como institución social. Cambios que no obstante, según las propias autoras, no son tenidos en cuenta por la mayoría de las empresas en la administración y organización de sus recursos humanos. Proponen como ejemplo de esto la arbitraria organización que del tiempo de trabajo se hace en muchas empresas, donde se tiende a desconocer las vidas privadas de sus trabajadores ("as if the people who work in a company had nothing else to do in their lives"), quienes como consecuencia se ven obligados a sobreesforzarse en pos de cumplir a la par tanto con sus obligaciones laborales como con sus deberes familiares.

En ese sentido la conciliación trabajo – familia pretende recordar que el ser humano es un ente complejo que se desarrolla en múltiples estadios de manera concomitante, y que el rol asumido como trabajadoras o trabajadores no debe subsumir ni estar por encima del desarrollo familiar.

III. ¿Cómo saber si una empresa es familiarmente responsable?: el IESE ha desarrollado el IESE Family – Responsible Employer Index, también conocido como IFREI, un sistema que a manera de encuesta permite a las grandes y pequeñas empresas medir el nivel actual de su Responsabilidad Familiar. El IFREI pregunta al empresariado por temas como flexibilidad de los horarios laborales, posibilidad de trabajo a tiempo parcial, reconocimiento de licencias de maternidad y paternidad superiores a las establecidas por la ley, asequibilidad para laborar desde casa, existencia de planes de asesoramiento profesional, personal y familiar para los trabajadores, etc. El resultado de la prueba es evaluado por el IESE, y sus resultados calificarán a la empresa dentro de uno de los cuatro niveles de RFE establecidos por el IFREI (ver explicación en Why become a family - responsible employer?)

IV. Razones para ser familiarmente responsable: en el trabajo antes mencionado, Nuria Chinchilla y Elizabeth Torres exponen básicamente dos razones por las cuales es preciso que las empresas asuman un rol familiarmente responsable, ellas son:

a. La familia es el núcleo básico de la sociedad, razón por la cual el tiempo que una persona pase con su familia es importante también para las empresas. ¿Por qué?, porque es justamente la familia la escuela donde las personas adquieren y desarrollan competencias y valores requeridos tanto por la empresa como por la sociedad, como los son la verdad y la cooperación.

b. Así también, la evolución social de las empresas demanda de ellas que dejen atrás un modelo puramente mecanicista, para alcanzar un estado antropológico o humanista, donde se revalorice la persona de los trabajadores, cuyo bienestar y el de sus familias debe pasar a ser tenido en sí mismo como uno de los fines esenciales de la actividad empresarial.

V. Beneficios de ser familiarmente responsable: se estima que la ejecución de prácticas familiarmente responsables contribuye, entre otras cosas, a aumentar el compromiso de los trabajadores hacia la empresa, desestimula el ausentismo laboral, aumenta la productividad y la rentabilidad, facilita la retención de “talentos” y acrecienta los currículos de solicitudes de empleo hasta en un 300 % (ver fuente).

VI. Pasos para convertirse en una EFR: según la profesora Nuria Chinchilla y la investigadora Consuelo León Llorente, los 10 pasos necesarios para convertirse en una Empresa Familiarmente Responsable (enunciados en “Ser Empresa Familiarmente Responsable una ventaja competitiva”) son:

1. Lograr el compromiso de la alta dirección.
2. Formar un comité trabajo-familia.
3. Hacer un diagnóstico para saber en qué fase está la empresa en la actualidad.
4. Recabar información sobre las necesidades familiares de los empleados.
5. Elaborar un Plan Integral de Conciliación (PIC), que contemple el diseño de políticas y facilitadores.
6. Elaborar un manual para la aplicación de tales políticas.
7. Fomentar el liderazgo y ejemplo de la alta dirección. Para conseguirlo se requiere formación de directivos y mandos intermedios.
8. Integrar los valores familiares en la misión corporativa como parte de la misión interna.
9. Desplegar políticas y acciones adaptadas a los diferentes públicos; y
10. Evaluar la utilización y adaptación de las nuevas políticas.

VII. Certificarse como EFR: desde el año 2005 la fundación + Familia ha desarrollado un modelo de gestión para Empresas Familiarmente Responsables, el cual se encuentra recogido en una serie de documentos que componen el cuerpo de las normas EFR 1000. Hasta la fecha ha certificado a más de medio centenar de empresas españolas (ver listado de empresas certificadas por + Familia).

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Como pueden notar, el tema es amplio y hay mucha tela de donde cortar, y sin duda se trata de un elemento de la Responsabilidad Social Corporativa hacia el cual es preciso dirigir la mirada. Una empresa socialmente responsable no será sólo aquella que procure hacerse a una injerencia social y ecológica positiva dentro de la comunidad de la cual forma parte, sino aquella que, como lo propone la RFE, dé a sus trabajadores y a sus familias el valor que como personas merecen, respetando su dignidad y comprometiéndose activamente con su desarrollo integral.

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Notas:

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La RSE en la Constitución Política Colombiana

Por Carlos Javier Delgado. Si bien las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI fueron y han sido testigos históricas del proceso por el cual, varios de los Estados Iberoamericanos se lanzaron en masa a la tarea de reeditar sus textos constitucionales con el propósito de allanarlos a las realidades política, social, jurídica y económica de la región y del mundo contemporáneo, es común denominador entre todos ellos haber dejado de lado una mejor y más completa inclusión en sus textos de una de las instituciones más importantes de nuestro tiempo: la empresa.

Fue Adela Cortina quien en su momento, en una de sus obras más conocidas y difundidas –Ética de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial- manifestó que, siendo la nuestra una sociedad de organizaciones, el ejemplo a seguir por todas las demás (incluso por el propio Estado) habría de ser inexcusablemente la empresa. Otras mentes como Alejando Llano, profesor de la Universidad de Navarra, manifiestan de manera categórica que la empresa moderna se ha erigido como una de las instituciones sociales básicas, a la par de la familia y la escuela. No obstante, la importancia otorgada a la empresa por las Constituciones Iberoamericanas es, en la mayoría de los casos, considerablemente limitada.

Lo es por cuanto se restringe generalmente a promover entre empresariado, clase trabajadora, la existencia de relaciones laborales decentes. Entre los muchos ejemplos que se pueden citar están: el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de la República Argentina; el artículo séptimo de la Constitución de la República Federal de Brasil; los artículos 156 y 157 de la Constitución Política de la República de Bolivia; los numerales 16, 17 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile; el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y los artículos 56 y sucesivos de la Constitución Política de la República de Costa Rica.

Sin embargo, el papel que desempeña la empresa dentro de la dinámica social y económica de nuestro tiempo es ampliamente superior; por lo que circunscribirla a la mera creación de plazas de empleo en condiciones de decencia y dignidad, es tanto y más como cercenarla axiológica, sociológica y políticamente como institución; más aun si se tiene presente el marco del capitalismo social en que los Estados Iberoamericanos (con contadas excepciones) han pretendido instalarse.

Si bien el caso colombiano no es la excepción, al menos la Asamblea Constituyente de 1991 trató de ir un poco más allá, al punto de instituir en el artículo 333 de la Constitución Política Colombiana, que la empresa es base del desarrollo y que por lo tanto le corresponde una función social.

El desarrollo pasó de ser entendido a mediados de los años ochenta como la aplicación de una política nacional correcta (1), a ser concebido en nuestro tiempo desde un enfoque integral que incluye cohesión social, capacidad de crecimiento de los recursos materiales y una gestión responsable de los recursos naturales (2); tríada ésta que forma hoy la base ontológica del desarrollo sostenible, y que a la luz del citado artículo 333 de la Constitución Política Colombiana, está soportado en el quehacer cotidiano de las empresas, particularmente, en las relaciones jurídicas (civiles, comerciales, laborales, etc.) que a diario tienen su origen y se desarrollan en ellas.

Como consecuencia de lo anterior, la propia Constitución reconoce que las decisiones y las acciones políticas, administrativas, contractuales, comerciales y demás, que se toman y llevan a cabo dentro de una empresa, tienen inevitablemente consecuencias sociales tanto al interior como al exterior de sí misma; razón por la cual se consideró necesario enmarcar su campo de acción dentro del concepto de una funcionalidad social.

Dado que la Constitución Política Colombiana no explica con detalle en ninguno de sus artículos aquello que debe entenderse por función social, es preciso acudir a lo que en dicho sentido ha expresado el máximo tribunal judicial encargado de su protección: la Corte Constitucional.

Así por ejemplo, la Corte expuso en su fallo T-375 de 1997 que: “al lado de la libertad económica, la Constitución le asigna a la empresa, como base del desarrollo, una función social que implica obligaciones. Sin pretender sujetar a los agentes económicos a una dirección unitaria centralizada, se reconoce que su acción no solamente se justifica en términos del sujeto individual que ejercita legítimamente una determinada actividad, sino también de la economía en general. La satisfacción de necesidades de la comunidad se confía en un alto grado a las empresas, de las que depende el nivel de empleo y bienestar. De ahí que la empresa se exprese en una doble dimensión: como libertad y como función social. Por consiguiente, la legitimidad de una decisión empresarial, no puede juzgarse únicamente a través del prisma de su autonomía. A esta visión, forzosamente deberá adicionarse la consideración de sus consecuencias sociales y ecológicas”.

La Corte es clara al exponer que la función social como concepto, está íntimamente ligada a la obligación de respetar y promover la utilidad pública y el interés general; lo que traído al ámbito empresarial, facilita concluir que en el contexto constitucional colombiano, al empresariado colombiano le asiste el deber de ser socialmente responsable.

Si bien queda abierto el debate sobre si las y los constituyentes fueron concientes en su momento del alcance del artículo 333, lo cierto y verdaderamente valioso es que un análisis sistemático de las fuentes del derecho colombiano permite llegar a dicha conclusión, elevando con ello la Responsabilidad Social Empresarial a nivel constitucional, y estableciéndola como valor(3) de medio al servicio de la comunidad en el propósito de alcanzar una sociedad verdaderamente democrática, participativa, pluralista, solidaria y respetuosa de la dignidad y los derechos de todo el pueblo colombiano.

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Notas:
1. ZAGHA, Roberto. Repensar el crecimiento.
2. PULIDO, Antonio y FONTELA, Emilio. Principios del Desarrollo Sostenible.
3. DELGADO LEÓN, Carlos Javier. La RSE y el Derecho: ¿Existe alguna relación?
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¿RSE o RSC?

Por Carlos Javier Delgado. ¿Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Empresarial? ¿existen diferencias? ¿cuál es el término indicado?

Para comenzar, baste con anticipar que si bien ambas expresiones son utilizadas para identificar al mismo fenómeno, no obstante que semánticamente las diferencias entre una y otra son considerables, ahondar en discusiones al respecto, en poco o nada contribuye a la pormoción y a la consecución de los fines que la responsabilidad promueve. De todas maneras voy a permitirme describir las razones por las cuales encuentro más conveniente la utilización de la segunda de ellas: Responsabilidad Social de las Empresas o RSE.

El término corporación halla su origen en la expresión inglesa corporation (1), vocablo este con el cual se identifica a una asociación de individuos que conforme a las leyes de un Estado adquiere el estatus de entidad, y con ello una personalidad jurídica distinta y autónoma de la de sus creadores (2).

Lo anterior cobra relevancia para el desarrollo del tema planteado, en la medida en que se tenga en cuenta la dificultad lógico – semántica que ha representado para el Derecho hacerse de una definición común y unívoca de la empresa como fenómeno e institución jurídica.

Existen en el Derecho dos grandes tesis (o corrientes) al respecto: la primera de ellas, que guarda un carácter personalista o subjetivista, confunde a la empresa y a la persona empresaria en una misma entidad. Es decir, identifica a la empresa en sí misma como persona, y por tal razón defiende el postulado que acepta que aquella puede ser y es sujeto de derechos y obligaciones, tal y como ocurre en la definición que de común se hace en el derecho anglosajón de las corporaciones (ver nota 2).

Por su parte, la segunda tesis concibe a la empresa desde una visión integral como organización, razón de sobra para clasificársela como organizacional (o incluso si se prefiere, como objetiva). En tal sentido la empresa se constituye en un todo compuesto por la persona empresaria, la actividad empresarial desarrollada, el personal, los centros de trabajo (3) e incluso los establecimientos de comercio.

En ese sentido, y ateniéndose a una interpretación exegética del término, podría asumirse entonces que la Responsabilidad Social Corporativa vendría a ser el valor jurídico (4) que debe orientar las actividades desplegadas o llevadas a cabo única y exclusivamente por la persona jurídica; a diferencia de la inclusión que puede entenderse, hace la expresión Responsabilidad Social Empresarial, ya no sólo al ente jurídico, sino también a sus shareholders, a sus administradoras y administradores, a sus trabajadoras y trabajadores, y también, ¿por qué no?, a una injerencia más participativa de la sociedad ante la empresa (5).

Sin embargo, no es éste el argumento que me lleva en definitiva a incluirme en el grupo de quienes prefieren referirse a la RSE antes que a la RSC.

Como vieron, uno de los ingredientes jurídicos fundamentales de las corporaciones es aquel que tiene que ver con la pluralidad de sus creadores y shareholders. Traído esto al lenguaje jurídico no anglosajón, nos ubica indefectiblemente en el campo de las sociedades empresariales.

¿Podemos aceptar que el deber de ser socialmente responsables le compete solamente a las Sociedades empresariales? En mi criterio la Responsabilidad Social es un concepto más amplio y por lo tanto es competencia de cualquier empresaria o empresario sin importar la forma jurídica por la cual se opte para llevar a cabo un negocio. Se trate de empresarias o empresarios individuales, empresas unipersonales, sociedades de personas (como la sociedad de responsabilidad limitada) o de grandes sociedades de capital (como las anónimas), el fuero empresarial trae consigo inexorablemente el deber para todo el empresariado de participar activamente en la dinámica social de la comunidad de la cual forma parte la empresa, contribuyendo a su desarrollo y al de todos y cada uno de sus miembros.

Es cierto, más allá de cuestiones semánticas, lo verdaderamente relevante es que todas y todos, empresarias, empresarios y sociedad, tengamos claro que la Responsabilidad Social es un asunto que nos compete por igual, y que es nuestro deber común contribuir a que su discurso pase de la teoría, a formar parte integrante y continua de la práctica.

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Notas:
1. Ver “Corporación” en DRAE.
2. Ver entre otras definiciones las dadas por: Wikipedia; Canada Revenue Agency; y The language of Money.
3. Franco Idárraga, Hernando. La Empresa y el Centro de Trabajo.

4. Delgado León, Carlos Javier. La RSE y el Derecho: ¿Existe alguna relación?
5. Agulló, Xavier. RSC: El derecho a la injerencia social en la gestión de la organización.

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La RSE y el Derecho ¿Existe alguna relación?

Por Carlos Javier Delgado. El Derecho como disciplina pragmática pretende reconocer, validar o establecer las prácticas humanas aceptadas y rechazadas por una sociedad. Para ello parte de la experiencia y de la sumatoria objetiva de los criterios particulares sobre lo que está bien o está mal.

Uno de los juicios ontológicos más difundidos (por no decir el que más) al momento de concebir el Derecho, es aquel que da prioridad a su naturaleza coercitiva. En tal sentido se le identifica con la ley, entendida esta última como el mandato público que ordena reprochar y castigar determinadas conductas humanas.

Sin embargo, dicho postulado ha quedado relegado por la realidad jurídica de los tiempos que corren, en los que las leyes ya no sólo se expiden con el espíritu de prohibir y sancionar, sino también con el propósito de permitir y premiar. En ese sentido la ley, y de su mano el Derecho, han hecho aun más evidente el ingrediente deontológico que siempre hubo de corresponderles.

Aceptando entonces el carácter ético que es propio de esta disciplina, se admite en consecuencia que una parte fundamental de la sustancia de toda institución jurídica, sin importar cual sea, está formada por los valores que orientan su aplicación: dignidad, justicia, equidad, igualdad, entre otros.

Es fácil admitir por todas y todos que una de las instituciones jurídicas más importantes de nuestro tiempo es sin duda alguna la empresa; razón por la cual es menester aceptar que tanto las actividades que de cotidiano se llevan a cabo en torno a ella, como el fin o los fines perseguidos por las empresarias y los empresarios, deben responder a la realización constante y permanente de determinados preceptos morales y éticos, uno de los cuales es justamente, la responsabilidad social.

Cuando de empresa se habla, permanece la premisa que estima que su fin genético no es otro que la generación de riqueza a favor del empresariado; sin embargo, es igual de categórico el juicio que admite que las sociedades contemporáneas han empezado a demandar de ellas y ellos una participación social más activa (ese “ir más allá” al que hace referencia el Libro Verde), y en consecuencia, una contribución más directa y eficaz de su parte para alcanzar los fines que cada sociedad se ha propuesto. En ese sentido la Responsabilidad Social Empresarial ha dejado atrás su carácter meramente filantrópico (1), y ha venido a instalarse como el marco dentro del cual las empresas llevan a cabo sus actividades con el propósito de generar un impacto positivo en las comunidades de las cuales forman parte (2).

Entonces, dicho todo lo anterior ¿Cuál se puede decir que es la relación que existe entre el Derecho y la RSE? Vista desde la óptica del Derecho, la Responsabilidad Social Empresarial debe empezar a ser tenida como un elemento axiológico de la empresa como institución jurídica, es decir, debe empezar a ser concebida como un valor jurídico de medio, pues es en relación y con sujeción a ella que el empresariado debe definir los parámetros que habrán de regir las diferentes relaciones jurídicas que se gestan y desarrollan en, por y para la empresa; asimilando y aceptando de paso y como consecuencia, que como actores sociales les compete un deber especial para con el desarrollo de las personas y las sociedades.

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Notas:

1. Gordon Brown, en CSR Goverment Report
2. Mallen Baker, en CSR, What does it mean? Siga leyendo >>>

Territorios responsables: una definición necesaria en antiguas zonas de violencia.

Por Jakson Velazquez. Veamos la situación: Isagen es una empresa de electrificación y energía, reconocida por sus programas de responsabilidad sociaL, la empresa posee unas áreas ambientalmente protegidas, algunas de ellas con reconocido potencial minero. En esos territorios existe minería informal que se ha beneficiado de esas tierras desde mucho antes que Isagen operara en esos territorios. Quizás en un acto de buena intención Isagen viene a informar que de ahora en adelante la minería en esos terrenos se declara ilegal y los que están en esa condición son ilegales y ejercen una actividad de tal índole. Además de minería informal existe una inversión por parte de otras compañías que ahora debe replantearse.

Esta situación puede plantearse teóricamente simple y con un final feliz: la gente que se dedica a la minería informal dejaría de ejercer su actividad a la que se han dedicado toda su vida, participaría en talleres de creatividad y emprendimiento de nuevos negocios, se asociarían, presentarían su propuesta de un nuevo negocio, se les facilitaría un crédito con bajo interés y las personas que antes ejercían una actividad ilegal se convertía de repente en una nueva empresa que aportaría desarrollo, empleo y por ende contribuirían así al crecimiento de la economía local.

Si alguien esta cerca de la situación puede ver de que un cambio cultural no es fácil, que la inversión de un grupo de mineros informales puede representar un esfuerzo de años, que la vocación en la que se habían imaginado toda la vida, queda de repente en conflicto con las nuevas políticas, con la protección del medio ambiente y con el bienestar general que según las normatividad y el el sentido común prima sobre el particular. ¿Qué hacer? ¿De quién es la responsabilidad social en esta situación?

La delegación que representaba esta empresa seguidamente me comunica que la información de su área protegida, era información estratégica y de divulgación restringida, a la que sólo se podía acceder bajo un acuerdo de confidencialidad. La pregunta que surge es: si una empresa que esta comprometida con la responsabilidad social y ambiental, no comunica de manera adecuada y eficaz sus políticas y logros ¿cómo puede otra persona o entidad no entrar en conflicto con una norma tan concreta como es la restricción de un área?

La responsabilidad social y ambiental es de interés público, es poco responsable considerarla un expediente ultra secreto al que sólo pueden acceder personas privilegiadas. En caso de que el bien general prime sobre el particular, la negociación libre es la manera más responsable de solucionar los conflictos que se puedan presentar con comunidades que desconocen lo que se oculta. Un proyecto de área de interés ambiental se debe concertar a largo plazo con programas en los que se tenga en cuenta las habilidades y vocación de la gente que se encuentra en conflicto con el interés general de la nación.

Lo anterior se sintetiza mejor en la necesidad imperante de crear territorios responsables que por definición son un espacio donde todas las partes, ya sean mercantiles, públicas o sociales, desarrollan prácticas de responsabilidad social, comoquiera que, más allá de las responsabilidades legales, todas ellas reconocen su parte de responsabilidad ante la sociedad con respecto al desarrollo de la comunidad y a los impactos económicos, sociales y medioambientales que recibe el territorio o que este causa en otras.

La construcción de tales zonas son indispensables cuando va en contravía de los intereses de la comunidad, de las empresas y el estado, sobretodo en las regiones que han sido en algún tiempo zonas de conflicto armado. Siga leyendo >>>

Publicidad Sexista

Por Yesenia Torres. Al reparar en las vallas publicitarias, volantes y presentaciones en eventos de las diferentes marcas de bebidas alcohólicas producidas en Colombia, es comun encontrar que la dignidad de la mujer se degrada al ser utilizada como una mercancía sexual, como se constata en el Aguardiente Tapa Roja, Aguardiente Antioqueño, Ron Santa Fé, Cerveza Pilsen, Cerveza Costeña y por supuesto, las iconográficas chicas de la Cerveza Agüilla.

Sin embargo como consumidora, con gratitud debo decir que este panorama empieza a cambiar y el primer paso lo ha dado precisamente la Cervería Bavaria al firmar el código de regulación de las licoreras agremiadas en Acil.

Las nuevas campañas ha dejado a un lado las chicas semidesnudas por campañas publicitarias que respetan la dignidad de la mujer y están orientadas hacia la igualdad de genero, actualmente se observa en los camiones distribuidores afiches donde hombres y mujeres disfrutan por igual de la pasión del fútbol y donde por primera vez en Colombia las mujeres son tratadas como consumidoras inteligentes en este sector.

El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado y en Colombia la cifra de mujeres profesionales con acceso a empleos de calidad se encuentran entre las principales de Latinoamérica e incluso supera la tasa de empleabilidad de la mujer en países como España, las empresas parecen que no han notado el cambio en la sociedad y la necesidad de reorientar sus campañas publicitarias para poder lograr la aceptación del mercado femenino.

La publicidad sexista va de la mano del machismo, degradando las capacidades femeninas de manera injusta para resaltar las masculinas, la publicidad contribuye arraigando este estereotipo de pensamiento y consecuentemente ahondando problemas como la violencia intrafamiliar, ya que según el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses el machismo se constituye en la segunda causa de la violencia intrafamiliar con un 33%.

El problema de fondo no es que la publicidad no haya comprendido aun a los cambios sociales actuales, sino que no asuma la responsabilidad que tiene debido a su influencia en nuevas generaciones y en los problemas sociales de la contemporaneidad.

Ayer estuve en una fiesta y llegó una chica impulsadora del Aguardiente Tapa Roja, se me vino a la mente la imagen de la valla, que no solo propicia la degradación de la mujer, sino que de hecho la fotografía como tal era totalmente desagradable, por su puesto preferí tomar la club Colombia, cuya publicidad hace énfasis en la calidad del producto y desde ahora porque no la cerveza Agüilla.

Si desea conocer un poco más sobre publicidad sexista y conocer las principales empresas y productos que se promocionan con degradación femenina, visite este blog. Siga leyendo >>>

La observación como parte de la RSE

Por Jakson Velazquez. Si hay una empresa que no sabe nada acerca del lugar en el que opera, se puede comparar a una persona con grandes lentes oscuros que trata de mirar en la niebla. Si consideramos la parte de la responsabilidad corporativa, entonces la empresa probablemente sea socialmente responsable o se considere así, sin que la sociedad que esta a su alrededor lo considere así.

Este caso se puede dar especialmente cuando su parte directiva es en su mayoría o totalidad foránea. Sus ideas sobre lo que pueden hacer en materia de responsabilidad social vienen influenciadas por el medio en que se formaron. El problema de la observación o el conocimiento del entorno en que opera de una manera estratégica, es decir involucrando todos los factores posibles que de alguna manera son críticos en la comunidad o sociedad circundante se plantea como necesario, si la empresa quiere y tiene la intención de ser socialmente responsable.

El parecer de las gerencias de asuntos sociales puede ser la entrega de elementos deportivos en las instituciones educativas de bajos recursos cuando las necesidades más urgentes de esas instituciones son totalmente diferentes. La RSE sin normas o caminos para transitar se puede convertir en un dolor de cabeza, por no decir en la generación de una situación conflictiva, para las partes involucradas, de un lado la sociedad puede ver a la empresa como un ente aparte que únicamente está interesada en su labor indescifrable y de otra parte la empresa que no entiende que quiere la sociedad de ella y como puede ayudarle a cambiar su visión hacia la misma. Todo esto se podría evitar si antes de cualquier programa corporativo de RSE se realiza una evaluación estratégica de la sociedad y el medio, sus necesidades, su cultura, su modo de vivir y sus expectativas. Esta tarea puede parecer un poco tediosa, grande y costosa, sin embargo puede evitar las situaciones anteriormente mencionadas. Siga leyendo >>>

La generación de conflictos en paraisos mineros. Qué papel debe jugar la RSC?

Por Jakson Velazquez. La Jagua es una población situada en el norte de Colombia, en este lugar se siente el carbón por todo, por su dinero que mejora la vida de algunas personas y aumenta el costo de vida de otras, por el polvillo que deja enfermedades respiratorias, y por las regalías: dineros que recibe el Estado como compensación por la explotación carbonífera.

Este apacible lugar lleno de realismo mágico debería ser un referente de progreso para la región, pero en lugar de eso se ha convertido en una confluencia de fuerzas contrarias que buscan beneficios particulares.

Las empresas explotadoras se quejan de la mala administración del gobierno local, el gobierno local de que no puede utilizar libremente estos dineros, la gente de que los beneficios de la explotación de carbón no se sienten, a menos de que se trabaje en una mina. Y cada cual busca una explicación para resolver el conflicto sin encontrarla.

Algunas gentes dicen que uno de los mayores conflictos de la explotación carbonífera es la generación de expectativas y la falta de empleo que se da al respecto. Otras que el ambiente está tan afectado que el dinero recibido por la compensación es muy poco comparado con el daño recibido.

En este punto la Responsabilidad corporativa debe aparecer como algo necesario, algo que quizá deba ser reglamentado, bien se puede leer en algunos contratos de explotación de carbón que un porcentaje de sus ganancias debe ser destinado a desarrollo social. Pero si la responsabilidad social corporativa se deja en el mismo renglón de las reuniones sociales, como si se tratara de la agenda de una "Miss Universo" el resultado es totalmente visible y poco alentador: se invierten dineros en sillas para escuelas, sin que se hayan solucionado grandes problemas como el abastecimiento de agua. Hay sillas nuevas pero a veces no hay agua, entonces no hay clase. Hace poco en este municipio con unas regalías millonarias, se tuvo un periodo sin agua de 20 días.

Por el momento y mientras las empresas mineras van dando sus primeros pasos en Responsabilidad social, solo queda por decir que la responsabilidad social de las empresas mineras debería estar planificada y difundida y no dejarse al vaivén de las coyunturas, ser acorde con las necesidades del lugar y no con el parecer de las gerencias de asuntos sociales de las grandes empresas.

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Como se esconde la responsabilidad social y la comodidad de ser socialmente responsable

Por Jakson Velazquez. La minería es una actividad de interés nacional, si se mira la pagina del catastro minero colombiano en ingeominas vemos que un 40 % de nuestro país esta solicitado o registra algún titulo minero.

Siendo así la responsabilidad social de estas empresas debe ser mayor que la de otras, ya que son las responsables de intervención en grandes extensiones de terreno. Por ejemplo la compañía Drummond tiene alrededor de 2700 Hectáreas en el departamento del Cesar. La misma compañía genera alrededor de 2600 empleos, lo que nos da una proporción de 1.03 empleos por hectárea. Sumado a la baja proporción de generación de empleo por superficie tenemos: desvío de cauces, intervención en el terreno, generación de gases, material particulado, etc. y otros tantos problemas que son obvios en el desarrollo minero y que no hay tecnología limpia por avanzada que sea que permita operar una mina a cielo abierto con la asepsia de un laboratorio.

Los conflictos son procesos interactivos para la resolución de situaciones en una sociedad que cambia y que busca un desarrollo. En días pasados se presento un proceso interactivo en el puerto de Baru en la ciudad de Cartagena.La empresa encargada del proyecto dice que se va a construir con tecnologías limpias y el sector hotelero que va a cerrar porque es inaceptable. A primera vista parece un conflicto político que podría resolverse con un decreto sin importar las consecuencias. A segunda vista también aparece un elemento de responsabilidad social que es fácil esconder en un contexto en que una empresa extranjera opera en una tierra que le han cedido ante la incapacidad de los agentes locales de gestionar y explotar sus recursos, si la empresa considerara que de alguna forma es responsable socialmente, consideraría por simple sentido común, construir su puerto en otro lugar.

Las empresas mineras deben considerar que su responsabilidad social es mayor que el resto, así mismo quien consume energía es responsable socialmente y se le invita a un consumo más inteligente. Los inviernos europeos deben costearse con polvillo de carbón en caseríos de países tropicales, con inundaciones repentinas en pueblos pescadores, con desplazamientos y hacinamientos en las capitales de países bananos, ya que los aumentos en producción desplazan tierras dedicadas a agriculturas de pan coger o al turismo.

Invitación a un poco de frío por una tierra calida y tropical.
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